Gobernanza de la infraestructura submarina: seguridad y protección de cables y tuberías submarinas

Introducción

El comercio mundial moderno, las transacciones financieras instantáneas y las telecomunicaciones intercontinentales dependen fundamentalmente de una arquitectura invisible y profundamente sumergida de cables y tuberías submarinos. Estas arterias físicas, que atraviesan el fondo oceánico, transportan más del noventa y cinco por ciento del tráfico internacional de datos, junto con enormes cantidades de hidrocarburos y recursos energéticos. Pese a su importancia sistémica para la estabilidad internacional, la arquitectura de gobernanza que protege la infraestructura submarina frente a alteraciones físicas, vulnerabilidades cibernéticas y coerción geopolítica sigue siendo fragmentaria. Las divisiones tradicionales del espacio marítimo establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CONVEMAR) distribuyen derechos soberanos y competencias jurisdiccionales entre zonas distintas, pero encuentran dificultades para conciliar la naturaleza estática de la infraestructura lineal con las realidades dinámicas de la seguridad marítima contemporánea.

El discurso académico sobre la seguridad marítima ha priorizado históricamente la navegación de superficie, las flotas de defensa soberanas y la aplicación jurisdiccional frente a delitos transnacionales como la piratería y el tráfico ilícito. Los cables y tuberías submarinos, por el contrario, han ocupado un espacio periférico en el derecho internacional público, regulados históricamente mediante convenios telegráficos del siglo XIX anteriores a los conceptos modernos de zona económica exclusiva y plataforma continental. A medida que las rivalidades geopolíticas se manifiestan cada vez más en la zona gris bajo las olas, los tribunales internacionales, la práctica estatal y las conferencias diplomáticas se ven obligados a afrontar las insuficiencias estructurales de los regímenes jurídicos vigentes. El presente trabajo evalúa la coherencia doctrinal, los límites jurisdiccionales y las respuestas jurisprudenciales emergentes que rigen la protección de la infraestructura submarina, prestando especial atención a la tensión entre los derechos soberanos del Estado ribereño y las libertades de alta mar relativas al tendido y mantenimiento de cables submarinos.

¿Cómo regula la CONVEMAR la infraestructura submarina en las distintas zonas marítimas?

La arquitectura espacial de la CONVEMAR determina que el régimen jurídico aplicable a los cables y tuberías submarinos varíe sustancialmente según la zona marítima en la que se encuentren. En las aguas interiores y el mar territorial, los Estados ribereños ejercen plena soberanía, sujeta únicamente al derecho de paso inocente de los buques, que no abarca de manera inherente la instalación sin trabas de infraestructura submarina sin el consentimiento del Estado ribereño. En las aguas archipelágicas de los Estados archipelágicos prevalecen prerrogativas soberanas similares, aunque el paso por vías marítimas archipelágicas introduce matices relevantes para las rutas de comunicación internacional. Por consiguiente, el tendido de un cable o una tubería a través del mar territorial o las aguas interiores de un Estado requiere autorización expresa, lo que somete el proyecto a la supervisión ambiental, normativa y de seguridad nacional.

Más allá del mar territorial, el paradigma jurídico cambia drásticamente al entrar en la zona contigua, la zona económica exclusiva (ZEE) y la plataforma continental. El artículo 58 de la CONVEMAR preserva explícitamente las libertades de alta mar relativas al tendido y mantenimiento de cables y tuberías submarinos en la ZEE, garantizando que todos los Estados disfruten de estas libertades vinculadas a la navegación y las comunicaciones. De manera similar, el artículo 79 regula la plataforma continental y afirma que los Estados ribereños no pueden impedir el tendido ni el mantenimiento de dichos cables y tuberías, sin perjuicio de su derecho a adoptar medidas razonables para la exploración de la plataforma continental, la explotación de sus recursos naturales y la prevención, reducción y control de la contaminación procedente de tuberías. Sin embargo, los límites exactos de lo que constituye una «medida razonable» siguen siendo una fuente constante de fricción entre los Estados ribereños, que buscan controles ambientales y de seguridad estrictos, y los Estados del pabellón, que priorizan una conectividad global sin obstáculos.

Esta dicotomía estructural genera profundas ambigüedades jurídicas. Aunque el tendido de cables se reconoce como una libertad de alta mar, la protección física de estos activos suele recaer sobre el Estado ribereño, cuya jurisdicción coercitiva dentro de su ZEE es estrictamente funcional y no territorial. Cuando se producen actos de sabotaje deliberado, incidentes con anclas o interferencias encubiertas dentro de la ZEE, el Estado encargado del enjuiciamiento debe sortear complejos obstáculos jurisdiccionales conforme a los artículos 112 a 115 de la CONVEMAR, que obligan a los Estados a promulgar legislación penal interna que sancione la rotura o el deterioro intencional o culpable de cables submarinos. No obstante, la aplicación de estas disposiciones se ve limitada por el principio de jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón en alta mar, lo que genera vacíos de aplicación cuando actores no estatales o buques extranjeros operan en espacios marítimos ambiguos.

¿Qué precedentes jurisprudenciales configuran las controversias sobre tuberías y cables submarinos?

Aunque la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) han abordado ampliamente la delimitación marítima, las controversias pesqueras y la protección del medio ambiente, la jurisprudencia directa relativa a los cables y tuberías submarinos es comparativamente escasa. No obstante, las decisiones emblemáticas sobre los derechos soberanos en la plataforma continental y la ZEE proporcionan fundamentos doctrinales cruciales para interpretar cómo los Estados ribereños pueden regular la infraestructura submarina. En los asuntos relativos a la Plataforma Continental del Mar del Norte, la CIJ subrayó la naturaleza inherente de los derechos soberanos sobre la plataforma continental y estableció que los derechos de un Estado ribereño existen ipso facto y ab initio, independientemente de la ocupación o de una proclamación expresa. Esta autoridad inherente influye directamente en la forma en que los Estados ejercen la supervisión regulatoria sobre las tuberías que atraviesan sus plataformas continentales, incluso cuando dichas tuberías sirven a naciones sin litoral o a terceros Estados.

En el ámbito de la solución de controversias internacionales, el TIDM ha afirmado reiteradamente el delicado equilibrio que debe mantenerse entre los derechos de los Estados ribereños y las libertades de los demás usuarios del mar. En asuntos como los casos del *M/V Saiga* y el *Arbitraje sobre el Mar de China Meridional* (resuelto por un tribunal arbitral constituido conforme al Anexo VII de la CONVEMAR), los tribunales han examinado minuciosamente el uso indebido de las facultades soberanas de aplicación de la ley dentro de la ZEE. Aunque el Arbitraje sobre el Mar de China Meridional se ocupó principalmente de la navegación, las islas artificiales y los derechos de pesca, su marco metodológico más amplio subraya la ilicitud de las medidas coercitivas unilaterales que alteran las libertades establecidas en alta mar sin una base sólida en el derecho internacional. Aplicadas a la infraestructura submarina, estas resoluciones advierten contra las restricciones arbitrarias impuestas por los Estados ribereños bajo el pretexto de la protección ambiental o de la seguridad, que en la práctica limitan el derecho internacional a mantener las telecomunicaciones mundiales.

Asimismo, las opiniones consultivas del TIDM y los fallos de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) ponen de relieve la evolución del estándar de diligencia debida exigido a los Estados en la protección del medio marino y de la infraestructura compartida. La opinión consultiva de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos del TIDM sobre las responsabilidades y obligaciones de los Estados que patrocinan personas y entidades respecto de actividades en la Zona estableció que el deber de proteger el medio marino constituye una obligación de comportamiento, que exige a los Estados emplear todos los medios apropiados, realizar los mayores esfuerzos posibles y promulgar normativas internas rigurosas. Por extensión, este estándar de diligencia debida orienta las obligaciones contemporáneas de los Estados de prevenir daños previsibles a los cables y ductos submarinos, desplazando el enfoque jurídico de una aplicación reactiva de sanciones penales hacia una mitigación proactiva de riesgos y una vigilancia cooperativa.

¿Dónde persisten los vacíos legales y las ambigüedades jurisdiccionales?

A pesar de la exhaustiva arquitectura de la CONVEMAR, persisten importantes vacíos legales en relación con las amenazas modernas que afronta la infraestructura submarina. Las disposiciones jurídicas tradicionales, redactadas en el siglo XX, contemplaban daños accidentales causados por redes de arrastre de la pesca comercial y anclas de buques mercantes, que podían abordarse mediante la responsabilidad civil, las leyes penales internas y la cooperación del Estado del pabellón. Los desafíos de seguridad contemporáneos, sin embargo, implican sofisticadas tácticas de zona gris, ciberespionaje patrocinado por Estados, sabotaje físico mediante drones sumergibles e interrupciones deliberadas que eluden las definiciones tradicionales de delito marítimo. Dado que estos actos hostiles suelen situarse por debajo del umbral de un ataque armado conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, invocar la legítima defensa colectiva o ejercer derechos de beligerancia en tiempo de paz sigue siendo jurídicamente problemático.

Otra profunda ambigüedad reside en la fragmentación jurisdiccional que rige la infraestructura submarina en zonas de reclamaciones marítimas superpuestas. En mares semicerrados, aguas archipelágicas o regiones marcadas por disputas de soberanía no resueltas sobre islas y fronteras marítimas, el estatuto jurídico del lecho marino es objeto de controversia con frecuencia. Cuando dos o más Estados reclaman plataformas continentales o zonas económicas exclusivas (ZEE) superpuestas, la expedición de permisos para el tendido de gasoductos o cables transnacionales se convierte en una cuestión políticamente delicada. Los Estados pueden intentar ejercer un poder de veto sobre los proyectos de infraestructura que atraviesen aguas en disputa, instrumentalizando las evaluaciones ambientales o las revisiones de seguridad para bloquear iniciativas económicas rivales. Esta dinámica socava el espíritu de cooperación de la CONVEMAR y expone a los enlaces de comunicación críticos a una parálisis regulatoria.

La exigencia de responsabilidad penal conforme a los artículos 113 y 114 de la CONVEMAR presenta obstáculos estructurales. Si bien los Estados están obligados a tipificar como delito la destrucción intencional o negligente de cables submarinos, establecer la jurisdicción extraterritorial, recabar pruebas forenses admisibles en la llanura abisal y lograr la extradición de sospechosos que operen bajo pabellones extranjeros siguen siendo barreras prácticas monumentales. A diferencia de la piratería, que goza de jurisdicción universal en virtud del derecho internacional consuetudinario y del artículo 105 de la CONVEMAR, los daños intencionales a los cables submarinos no activan la jurisdicción universal. En consecuencia, si un buque con pabellón de un Estado no parte o de una jurisdicción poco colaboradora corta un cable estratégico, los recursos jurídicos del Estado perjudicado se ven severamente limitados por las inmunidades tradicionales de los buques de guerra y los buques gubernamentales en alta mar.

Marco comparado de gobernanza de la infraestructura submarina

Para comprender plenamente la mecánica de la protección submarina, es preciso examinar cómo distintos organismos internacionales y ordenamientos internos intentan subsanar las lagunas de la CONVEMAR. El siguiente cuadro comparativo detalla los principales regímenes jurídicos, mecanismos institucionales y desafíos de aplicación asociados a los cables y gasoductos submarinos.

Este panorama comparativo demuestra que, si bien asociaciones sectoriales como el ICPC aportan normas técnicas y datos de trazado inestimables para evitar arrastres accidentales de anclas, carecen de mandato coercitivo. Por el contrario, los marcos de seguridad regionales, como los que se están desarrollando en la Unión Europea, buscan imponer auditorías de resiliencia obligatorias y mecanismos de intercambio de información sobre amenazas entre los Estados miembros, aunque su alcance territorial se limita a las aguas nacionales y a las jurisdicciones cooperantes. La desconexión entre la propiedad comercial privada de los cables y la responsabilidad soberana del Estado en materia de seguridad nacional genera un desajuste permanente en la gobernanza.

Conclusión

La seguridad y la protección de los cables y ductos submarinos constituyen un imperativo urgente para el derecho internacional contemporáneo y la gobernanza marítima. Si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 establece una base fundamental mediante la codificación de las libertades de alta mar y los derechos de los Estados ribereños sobre la plataforma continental, sus mecanismos fueron concebidos para una era de riesgos marítimos accidentales y no para sabotajes submarinos intencionados propios de la zona gris. Subsanar estas vulnerabilidades exige una evolución concertada de la práctica estatal, una aplicación penal interna rigurosa conforme a los artículos 112 a 115 y una cooperación internacional reforzada que trascienda los compartimentos jurisdiccionales tradicionales. A medida que los tribunales internacionales siguen perfeccionando las doctrinas de la diligencia debida y la gestión ambiental responsable, la comunidad internacional debe adaptar sus instrumentos jurídicos para salvaguardar las vías silenciosas de la civilización moderna que descansan en el lecho oceánico.