Pruebas en controversias marítimas: estándares jurisprudenciales, informática forense y límites oceánicos

La resolución de controversias marítimas internacionales opera dentro de un dominio epistemológico singular. A diferencia de los conflictos terrestres, en los que los monumentos físicos, los asentamientos arraigados y las topografías estáticas ofrecen registros tangibles, el espacio oceánico presenta un entorno probatorio caracterizado por dinámicas fluidas, rastros físicos efímeros y opacidad soberana. Ya sea que sesionen en el Palacio de la Paz de La Haya, en la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo o en salas arbitrales constituidas conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), los jueces deben evaluar pretensiones jurídicas en las que los hechos decisivos se desvanecen en la columna de agua oceánica o yacen sepultados bajo capas cartográficas disputadas. A lo largo de las últimas siete décadas, el derecho de la prueba marítima ha evolucionado desde su origen en los registros diplomáticos clásicos y los cuadernos de bitácora hasta convertirse en una disciplina compleja que sintetiza la geodesia satelital, la hidrografía acústica, los sensores electrónicos de los buques y la inferencia judicial indirecta.

Esta arquitectura probatoria opera bajo la tensión entre la flexibilidad procesal y la seguridad jurídica. Los tribunales internacionales, libres de los códigos probatorios prescriptivos propios de las jurisdicciones nacionales de common law, se adhieren al principio de libre valoración de la prueba. Sin embargo, esta discrecionalidad no implica ausencia de doctrina. La producción jurisprudencial de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), del TIDM y de los tribunales ad hoc constituidos bajo la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) revela criterios estrictos que rigen las cargas de la prueba, reglas rigurosas sobre el valor probatorio de los registros tecnológicos y doctrinas sofisticadas relativas a las inferencias circunstanciales cuando los Estados ribereños ocultan pruebas marítimas. Dado que las controversias marítimas contemporáneas giran cada vez más en torno al sabotaje de infraestructuras submarinas críticas, la extracción clandestina de recursos, las operaciones de buques de flotas oscuras y las complejas proyecciones científicas sobre el aumento del nivel del mar, el marco probatorio de los océanos experimenta una presión sin precedentes.

¿Qué es la carga de la prueba en las controversias marítimas internacionales?

La máxima procesal fundamental que rige la prueba en la jurisdicción internacional es actori incumbit probatio: corresponde al demandante acreditar los hechos que fundamentan su pretensión jurídica. En el litigio marítimo, este canon se aplica de manera constante, aunque con matices esenciales. El artículo 48 del Estatuto de la CIJ y los artículos 77 y 78 del Reglamento del TIDM otorgan a ambos foros amplias competencias para determinar la conducción del proceso y la admisibilidad de las pruebas presentadas, dejando la asignación formal de la carga de la prueba a la jurisprudencia de fondo.

En las reclamaciones de delimitación marítima, la estricta dualidad entre demandante y demandado se diluye con frecuencia. La delimitación es fundamentalmente un proceso jurídico objetivo orientado a alcanzar un resultado equitativo conforme a los artículos 74(1) y 83(1) de la CONVEMAR. Como señaló la CIJ en el fallo Delimitación Marítima en el Mar Negro (Rumania c. Ucrania), corresponde al tribunal establecer una línea de delimitación equitativa basada en el derecho y en la geografía objetiva, y no limitarse a refrendar la línea presentada por cualquiera de las partes. En consecuencia, si bien la parte que alega la existencia de un título histórico, una circunstancia especial o una característica costera inusual asume la carga jurídica de aportar pruebas que acrediten dicha circunstancia, el proceso general de delimitación de fronteras no funciona como una demanda civil ordinaria, en la que la falta de prueba de una de las partes se traduce automáticamente en la victoria absoluta de la otra.

Por el contrario, en las controversias relativas a presuntas intercepciones ilícitas, contaminación ambiental o vulneración de derechos soberanos dentro de una zona económica exclusiva (ZEE), la carga de la prueba conserva su carácter contradictorio. En el Caso del buque M/V Saiga (n.º 2) (San Vicente y las Granadinas c. Guinea), el TIDM determinó que correspondía a Guinea demostrar que sus autoridades aduaneras contaban con fundamentos jurídicos justificables, conforme al artículo 111 de la CONVEMAR, para ejercer el derecho de persecución en caliente contra el buque. Dado que Guinea no aportó registros de bitácora precisos, seguimientos de radar sincronizados ni registros radiales claros que acreditaran que la persecución había comenzado sin interrupción dentro de sus aguas territoriales o de su zona contigua, el TIDM desestimó la legalidad de la intercepción.

Un debate doctrinal persistente se refiere al estándar de prueba aplicado por los tribunales del mar. El derecho procesal internacional evita notoriamente fórmulas propias del derecho interno, tales como la prueba más allá de toda duda razonable o la preponderancia de la prueba. En su lugar, los tribunales ajustan su estándar a la gravedad del hecho ilícito internacional alegado. Cuando se acusa a un Estado soberano de violaciones graves del derecho internacional —como un enfrentamiento armado en el mar, una coerción soberana agresiva o una devastación ambiental patrocinada por el Estado—, la CIJ y el TIDM exigen pruebas plenamente concluyentes que no dejen margen a hipótesis alternativas razonables, tal como se observó en el caso relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y se reflejó en las conclusiones sobre seguridad marítima del arbitraje Guyana c. Surinam conforme al Anexo VII.

En los procedimientos provisionales, como las solicitudes de prescripción de medidas provisionales en virtud del artículo 290 de la CONVEMAR o las demandas de pronta liberación conforme al artículo 292, el estándar de prueba varía considerablemente. En las acciones de pronta liberación, como lo demuestra la jurisprudencia inicial, incluidos los casos Camouco y Monte Confurco, el solicitante solo necesita acreditar de manera plausible o prima facie que la detención es incompatible con el derecho internacional y que la fianza exigida por el Estado ribereño que efectúa la detención resulta irrazonable. El tribunal no se pronuncia sobre el fondo definitivo de los cargos internos subyacentes, con lo cual reduce el umbral probatorio para preservar la utilidad comercial del buque y la libertad de su tripulación mientras se sustancian los procedimientos nacionales.

La matriz circunstancial: inferencia y control soberano desde el caso del Canal de Corfú hasta la jurisprudencia moderna

Rara vez se dispone de pruebas documentales o materiales directas de infracciones marítimas soberanas. Los Estados que ejecutan despliegues navales encubiertos u operaciones marinas clandestinas no suelen divulgar diarios de operaciones ni interceptaciones de telecomunicaciones. Para evitar una denegación manifiesta de justicia (non liquet), la jurisprudencia marítima internacional ha desarrollado normas relativas a las pruebas indirectas, circunstanciales e inferenciales.

El locus classicus sigue siendo la sentencia histórica de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Canal de Corfú (Reino Unido contra Albania) (1949). La controversia surgió a raíz de la detonación de buques de guerra británicos por minas navales fondeadas en aguas territoriales albanesas. Ante la realidad de que el Reino Unido no podía aportar pruebas directas que demostraran que Albania misma había colocado las minas, la Corte examinó si la jurisdicción territorial exclusiva de Albania sobre sus aguas litorales permitía extraer una inferencia probatoria adversa:

No puede permitirse que un Estado en cuyo territorio o en cuyas aguas se haya producido un acto contrario al derecho internacional eluda su responsabilidad trasladando la carga de la prueba al Estado víctima, ni que invoque la imposibilidad de una prueba directa cuando las pruebas circunstanciales demuestran un control territorial exclusivo y conocimiento de las operaciones.

La Corte sostuvo que el control territorial exclusivo alteraba la mecánica probatoria. Si bien la soberanía territorial no invierte automáticamente la carga de la prueba, permite al demandante recurrir a una serie de hechos indirectos e inferencias circunstanciales que, vinculados entre sí, acreditan el conocimiento del Estado ribereño. La CIJ exigió que dicha prueba circunstancial fuera clara, concordante y no dejara margen para explicaciones alternativas. Dado que Albania poseía puestos de observación operativos desde los que vigilaba el estrecho y que la colocación de un campo de minas requería maniobras sustanciales de buques de superficie durante varios días, la Corte infirió que Albania tenía conocimiento presunto o efectivo de la presencia del campo, lo que activó una obligación internacional de advertir a las embarcaciones que se aproximaban.

En la era moderna de la guerra oceánica híbrida, las maniobras navales en la zona gris y los daños a los cables submarinos de telecomunicaciones y a la infraestructura de ductos, la doctrina del caso Canal de Corfú conserva una enorme vigencia. Cuando vehículos submarinos autónomos (AUV) u operaciones de sabotaje submarino cortan cables de datos dentro del mar territorial o la zona contigua de un Estado, los Estados reclamantes invocan cada vez más el control territorial y la presencia de vigilancia para argumentar la existencia de un conocimiento presunto. Sin embargo, la jurisprudencia contemporánea se resiste a extender esta inferencia más allá de las aguas costeras próximas. En la vasta extensión de la ZEE o de la alta mar, donde los Estados ejercen únicamente derechos soberanos funcionales o libertades de alta mar, el presupuesto fáctico del control espacial exclusivo se desvanece, lo que obliga a los reclamantes a aportar corroboración afirmativa en lugar de basarse en presunciones territoriales.

Además, los tribunales marítimos internacionales han extraído sistemáticamente inferencias adversas contra los Estados que retienen de manera sistemática pruebas bajo su control. En el Caso ARA Libertad (Argentina c. Ghana), tramitado ante el TIDM, y de forma análoga en diversos arbitrajes marítimos comerciales regidos por las normas de la Asociación de Árbitros Marítimos de Londres (LMAA), si una parte oculta deliberadamente registros de datos de la sala de máquinas, imágenes de radar o investigaciones sobre siniestros marítimos sin invocar un privilegio válido, el órgano decisorio está facultado para inferir que el material retenido habría confirmado las afirmaciones fácticas de la parte contraria.

¿Cómo se evalúan las pruebas en las controversias sobre delimitación marítima?

La jurisprudencia relativa a la delimitación de fronteras marítimas constituye el ámbito probatorio técnicamente más riguroso del derecho internacional. A lo largo de cientos de millas de plataforma continental y columna de agua, los órganos jurisdiccionales deben conciliar la cartografía colonial histórica, los sistemas de referencia geodésicos, la geomorfología costera y las complejas fluctuaciones de las mareas. Al resolver estos conflictos, la CIJ y el TIDM han desarrollado una estricta jerarquía probatoria.

Históricamente, las partes solían presentar con frecuencia mapas históricos, cartas náuticas y relatos de viaje ancestrales para demostrar la consolidación histórica del título sobre espacios marítimos. Sin embargo, el valor probatorio del material cartográfico ha experimentado un declive decisivo. Tal como se precisó en el arbitraje Eritrea/Yemen de la CPA y se reafirmó en el fallo de la CIJ en el caso Diferendo territorial y marítimo (Nicaragua c. Colombia), los mapas rara vez constituyen instrumentos jurídicos autónomos. Salvo que un mapa se anexe directamente a un tratado de límites válido y que las partes tengan la intención expresa de utilizarlo para delimitar la frontera jurídica, la cartografía sirve únicamente como prueba secundaria o corroborativa de la geografía física o de las posturas administrativas oficiales.

Los tribunales de delimitación contemporáneos otorgan prioridad a la hidrografía objetiva y empírica por encima de las impresiones cartográficas. La identificación de los puntos de base a lo largo de la línea de bajamar —etapa fundamental para trazar la línea de equidistancia provisional exigida por la metodología de delimitación en tres fases— requiere datos geodésicos precisos. Las discrepancias sobre si un accidente costero constituye una isla, un islote, una elevación de marea baja o un arrecife sumergido suelen depender de mediciones verticales fraccionarias. En la Controversia relativa a la delimitación de la frontera marítima entre Mauricio y Maldivas en el océano Índico (Mauricio/Maldivas), sustanciada ante la Sala Especial del TIDM, y en el Arbitraje sobre la frontera marítima en la bahía de Bengala (Bangladesh c. India), el cálculo exacto de las líneas de base de la marea obligó a los tribunales a evaluar levantamientos batimétricos, batimetría obtenida por satélite y complejos modelos de mareas para verificar si determinados puntos permanecían por encima del agua durante las pleamares medias de sizigias.

La prueba definitiva respecto de la clasificación probatoria de los accidentes marítimos surgió en el Arbitraje sobre el Mar de China Meridional (República de Filipinas c. República Popular China), tramitado conforme al Anexo VII de la CONVEMAR (CPA, Caso n.º 2013-19). Ante las amplias reivindicaciones marítimas de China, basadas en derechos históricos y en la construcción de instalaciones artificiales sobre accidentes marítimos remotos del archipiélago de las Spratly, el Tribunal debió determinar el estatuto jurídico de dichos accidentes a la luz del artículo 121 de la CONVEMAR.

El Tribunal estableció un principio probatorio fundamental: la condición insular de una formación conforme al artículo 121 debe evaluarse con base en su estado natural y prístino, previo a la intervención humana, el dragado y la ganancia de tierras al mar. Dado que China se negó a participar directamente en el procedimiento, el Tribunal ejerció sus facultades independientes de investigación previstas en el artículo 9 del anexo VII. Encargó a expertos hidrógrafos y geográficos independientes el examen minucioso de levantamientos navales de archivo, instrucciones náuticas históricas del Almirantazgo británico de los siglos XIX y principios del XX, levantamientos aéreos y datos satelitales de series temporales. El Tribunal determinó que las pruebas históricas que describen las condiciones previas a la ingeniería moderna son muy superiores a las manifestaciones físicas contemporáneas alteradas por medios artificiales, y concluyó que ninguna de las formaciones de las islas Spratly era naturalmente capaz de mantener una habitación humana o una vida económica propia en virtud del artículo 121, párrafo 3.

Foro decisorio	Normas rectoras principales	Carga de la prueba por defecto	Estándar de prueba habitual	Enfoque respecto de la prueba pericial
Corte Internacional de Justicia (CIJ)	Estatuto de la CIJ (arts. 48-53); Reglamento de la Corte	Actori incumbit probatio; flexibilidad funcional en la delimitación objetiva	Escala móvil; se exigen pruebas concluyentes en casos de faltas soberanas graves	Las partes designan a los peritos; la Corte posee la facultad, raramente ejercida, de designarlos conforme al artículo 50
Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM)	Estatuto del TIDM; Reglamento del TIDM (arts. 77-88)	Recae sobre la parte que afirma; se invierte o comparte en regímenes convencionales funcionales	Prima facie para la pronta liberación; umbral elevado para violaciones sustantivas	Interrogatorio directo de los peritos de las partes; el Tribunal puede convocar a testigos o peritos independientes
CPA / Tribunales arbitrales del anexo VII de la CONVEMAR	Anexo VII de la CONVEMAR (art. 5); resoluciones procesales específicas de cada tribunal	La parte que afirma; averiguación activa e independiente de los hechos cuando una parte no comparece (art. 9)	Preponderancia de pruebas fiables; examen objetivo de los datos físicos	Amplia confianza en peritos técnicos e hidrógrafos independientes designados por el tribunal
Arbitraje marítimo comercial (LMAA / SMA)	Leyes nacionales de arbitraje; Términos Procesales de la LMAA/SMA	El demandante respecto de la pretensión inicial; el demandado respecto de compensaciones y reconvenciones	Equilibrio de probabilidades / Preponderancia de la prueba	Peritos técnicos y capitanes de la marina mercante designados por las partes en un sistema adversarial

Epistemología digital: ECDIS, VDR, AIS y teledetección en los tribunales

El ámbito marítimo contemporáneo ha generado un ecosistema probatorio digital. Los tradicionales cuadernos de bitácora en papel, frecuentemente vulnerables a alteraciones posteriores al incidente, han sido sustituidos por sofisticados mecanismos electrónicos de registro exigidos por la Organización Marítima Internacional (OMI) en virtud del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). Cuando los buques colisionan, encallan o dañan cables submarinos, quienes administran justicia dependen de la recuperación y la validación forense de este rastro digital.

En el centro de los litigios modernos sobre siniestros marítimos se encuentran los registradores de datos de viaje (VDR) y los sistemas de presentación de cartas electrónicas e información (ECDIS). Exigidos en virtud de la regla 20 del capítulo V del SOLAS, los VDR capturan de forma continua el audio del puente de mando, las comunicaciones por radio VHF, los barridos del radar, las órdenes de máquinas, los ángulos del timón, los indicadores de esfuerzo del casco y las lecturas del girocompás. En los procedimientos por abordaje ante los tribunales nacionales de derecho marítimo y los tribunales comerciales internacionales, los datos brutos del VDR constituyen la prueba objetiva primordial del comportamiento en la navegación y determinan de manera decisiva el cumplimiento del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (COLREG).

Sin embargo, la transición de la prueba analógica a la digital introduce desafíos complejos en materia de autenticidad, cadena de custodia e integridad forense. A diferencia de los documentos en papel, los registros digitales pueden corromperse, degradarse o manipularse deliberadamente. Los tribunales exigen pruebas de que los datos fueron extraídos mediante protocolos certificados de ciberforense marítima. En los casos en que los archivos de audio del puente de mando resultan oscurecidos por el ruido ambiental del mar o las vibraciones de los motores, se recurre al análisis del espectro acústico para reconstruir las órdenes verbales intercambiadas entre el capitán y los oficiales de guardia. Si un registro electrónico ha sido sobrescrito o presenta vacíos temporales, los tribunales aplican habitualmente presunciones probatorias negativas, al tratar dicha interrupción como indicio de negligencia grave en la navegación.

Los datos del Sistema de Identificación Automática (AIS) plantean una paradoja probatoria particular. Aunque las transmisiones del AIS proporcionan un seguimiento geoespacial exhaustivo de la navegación comercial mundial, la señal es susceptible de suplantación, de interrupción intencionada (práctica conocida como «apagado» o going dark) y de degradación atmosférica. En las controversias relativas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), o a la evasión de sanciones mediante transbordos entre buques, las partes presentan con frecuencia las trazas del AIS para demostrar la posición de las embarcaciones.

Los órganos jurisdiccionales se han vuelto cautelosos respecto de los datos del AIS no corroborados. En el arbitraje conforme al Anexo VII del Caso del incidente del Enrica Lexie (Italia c. India), Italia y la India presentaron posiciones contrapuestas sobre la trayectoria de navegación y la ubicación geográfica exacta del petrolero italiano y del buque pesquero indio St. Antony cuando el personal de seguridad indio abrió fuego. El tribunal arbitral tuvo que comparar registros fragmentados del AIS con datos de transpondedores satelitales, cálculos de alcance y demora por radar registrados por instalaciones costeras de guardacostas y fijaciones GPS contemporáneas. La jurisprudencia indica que, si bien los datos del AIS generan una sólida presunción fáctica de posición, no constituyen una prueba irrefutable. Deben ser corroborados mediante telemetría independiente si una de las partes demuestra la existencia de interferencias técnicas, blindaje físico de la antena o manipulación electrónica.

La tecnología de observación de la Tierra se ha consolidado como un instrumento indispensable para la acreditación probatoria en el ámbito oceánico. Las imágenes de radar de apertura sintética (SAR), la fotografía satelital óptica y la radiometría espacial han transformado radicalmente la aplicación de la normativa ambiental. En las reclamaciones por contaminación marina formuladas al amparo del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL) y el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (CLC), los datos SAR satelitales permiten detectar manchas superficiales en el océano provocadas por descargas ilícitas de hidrocarburos. Dado que las películas de hidrocarburos atenúan las ondas capilares del océano, los sensores SAR registran manchas oscuras claramente diferenciadas sobre la superficie oceánica reflectante.

Para satisfacer los umbrales probatorios judiciales, las pruebas obtenidas por teledetección deben cumplir una exigente serie de criterios. Los órganos jurisdiccionales evalúan la resolución del sensor, los parámetros de interferencia atmosférica, los modelos de corrientes oceanográficas y el intervalo temporal exacto entre el paso del buque y la adquisición satelital. En la controversia emblemática sobre contaminación marina resuelta ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la validación de las imágenes satelitales en el asunto Intertanko y otros puso de relieve que la teledetección constituye una prueba prima facie de un vertido ilegal, pero debe ser corroborada mediante modelos de deriva o muestreos físicos del agua para confirmar la firma química del contaminante y atribuir de manera definitiva la responsabilidad a un armador concreto.

El papel de los expertos independientes y de la prueba científica en los litigios medioambientales marinos

A medida que las controversias marítimas incorporan cada vez más cuestiones complejas de índole ambiental, ecológica y geomorfológica, los tribunales internacionales enfrentan dificultades para gestionar la prueba científica. Esta tensión cristaliza en torno al modo en que los tribunales evalúan a los peritos científicos: ¿deben los tribunales basarse exclusivamente en los peritos designados por las partes o ejercer sus facultades inherentes para nombrar asesores técnicos de oficio?

El enfoque tradicional, representado de manera paradigmática por las prácticas procesales del common law, se basaba en que las partes presentaran a sus propios peritos. Esta metodología fue objeto de críticas significativas por parte de la propia CIJ en el Caso relativo a las Plantas de Celulosa en el Río Uruguay (Argentina c. Uruguay) (2010). Aunque no se trataba estrictamente de una controversia marítima, la resolución procesal sentó un precedente fundamental para todos los litigios ambientales y marinos. En Plantas de Celulosa, la Corte criticó la práctica de las partes de incorporar a expertos científicos como asesores o abogados dentro de sus delegaciones, y aclaró que los peritos que presentan pruebas empíricas deben comparecer como testigos formales, sujetos a interrogatorio contradictorio y a las preguntas del tribunal.

Además, varios magistrados formularon opiniones disidentes y separadas especialmente incisivas en Plantas de Celulosa, en las que sostuvieron que los jueces internacionales carecen de la formación científica necesaria para evaluar modelos complejos, umbrales ecotoxicológicos y datos de dispersión oceanográfica. Argumentaron que la Corte debía recurrir libremente al artículo 50 del Estatuto de la CIJ, que le permite encomendar a una persona, entidad, comisión u otro órgano la realización de una investigación o un dictamen pericial. La dependencia de los peritos designados por las partes, conocida coloquialmente como batalla de expertos, entraña el riesgo de paralizar la función jurisdiccional cuando modelos científicos contradictorios se anulan entre sí, lo que lleva al tribunal a recurrir a criterios procesales restrictivos en lugar de resolver las realidades empíricas.

La CIJ asimiló esta lección en el caso relativo a la Delimitación Marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico (Costa Rica c. Nicaragua) y en la causa acumulada sobre el Límite Terrestre en la Parte Septentrional de Isla Portillos. Ante controversias agudas relativas a la geomorfología dinámica de un frágil canal de humedales (caño) y de flechas litorales de arena, la Corte adoptó la inusual medida de designar a sus propios peritos independientes, conforme al artículo 67 del Reglamento de la Corte, para llevar a cabo inspecciones geodésicas e hidrológicas in situ. Las conclusiones de estos expertos designados por el tribunal se trataron como hechos objetivos de referencia, lo que neutralizó los modelos científicos altamente partidistas presentados por los Estados contendientes.

En el ámbito marítimo, este enfoque alcanzó su madurez en el procedimiento consultivo del TIDM sobre la protección del medio ambiente oceánico. En su Opinión Consultiva de 2024 sobre El Cambio Climático y el Derecho Internacional (Solicitud de opinión consultiva presentada por la Comisión de los Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional), el TIDM se basó de manera exhaustiva en las evaluaciones científicas objetivas y revisadas por pares del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El TIDM aceptó las conclusiones del IPCC como un consenso científico autorizado y las utilizó como base probatoria consolidada para interpretar las obligaciones sustantivas de los Estados parte, conforme a la Parte XII de la CONVEMAR, de prevenir, reducir y controlar la contaminación marina derivada de las emisiones de gases de efecto invernadero.

De igual modo, en la sentencia relativa al caso Caza de ballenas en el Antártico (Australia c. Japón: Nueva Zelanda interviniente), la CIJ estableció un criterio fundamental para la valoración de las pruebas científicas. La Corte se negó a actuar como un comité científico encargado de determinar qué constituye una buena ciencia; en su lugar, aplicó un examen probatorio objetivo. Analizó si el diseño de la investigación, las cuotas de captura por buque y las metodologías de recopilación de datos resultaban razonables en relación con los objetivos científicos declarados. Al contrastar la coherencia interna del programa japonés de caza de ballenas con fines científicos con parámetros operativos demostrables, la Corte concluyó que los datos empíricos contradecían el propósito declarado del programa, sentando así un precedente importante para los litigios en materia de conservación marítima.

Privilegios probatorios, seguridad nacional y espionaje marítimo

Un obstáculo persistente en la jurisdicción marítima es el conflicto entre la seguridad soberana y la exhibición procesal de pruebas. Las armadas operan en secreto. Cuando los incidentes marítimos involucran buques de guerra, embarcaciones de guardacostas o buques auxiliares, las normas probatorias colisionan con las inmunidades internacionales y los privilegios de seguridad nacional.

Conforme a los artículos 32, 95 y 96 de la CONVEMAR, los buques de guerra y los buques de Estado destinados a fines no comerciales gozan de inmunidad soberana plena en alta mar y dentro de las zonas económicas exclusivas extranjeras frente a la jurisdicción de otros Estados. Si bien esta inmunidad sustantiva no exime al Estado del pabellón de su responsabilidad internacional por actos ilícitos, genera severas barreras probatorias. Ningún tribunal internacional puede obligar a un Estado a entregar sus registros tácticos navales, las transcripciones de sus comunicaciones satelitales seguras o sus sensibles sistemas de hidrófonos sin el consentimiento soberano de dicho Estado.

Este conflicto quedó de manifiesto en la Diferencia relativa a la detención de buques y miembros de las fuerzas navales de Ucrania (Ucrania contra Federación de Rusia), sometida a un tribunal arbitral constituido conforme al anexo VII (caso CPA n.º 2019-28). La controversia se originó en el incidente del estrecho de Kerch de noviembre de 2018, cuando unidades de la guardia costera y de la armada rusas interceptaron y dispararon contra tres buques de guerra ucranianos. Rusia planteó excepciones preliminares, alegando que el tribunal carecía de competencia porque el artículo 298(1)(b) de la CONVEMAR permite a los Estados excluir las actividades militares del procedimiento obligatorio de solución de controversias.

El desafío probatorio exigía determinar si los actos subyacentes constituían actividades militares u operaciones de aplicación de la ley. El tribunal sostuvo que esta clasificación no puede establecerse únicamente sobre la base de las afirmaciones subjetivas de los Estados involucrados. Por el contrario, la determinación debe apoyarse en un análisis probatorio objetivo de las acciones de los buques, las maniobras de navegación, los registros de comunicación y las reglas de enfrentamiento. Cuando Rusia se negó a divulgar sus directrices operativas internas de defensa, el tribunal evaluó las comunicaciones interceptadas entre los buques y tierra difundidas por la inteligencia ucraniana, las grabaciones del tráfico marítimo y las declaraciones públicas formuladas en su momento por autoridades soberanas.

La admisibilidad de pruebas obtenidas de manera encubierta o ilícita constituye otra dimensión aún no resuelta del derecho marítimo contemporáneo. En la jurisdicción internacional no existe una regla general de exclusión comparable a la doctrina interna estadounidense del fruto del árbol envenenado. En el caso del Canal de Corfú, dragaminas de la marina británica llevaron a cabo la Operación Retail en aguas albanesas para recuperar precisamente los ejemplares de minas que luego se presentaron como prueba ante la Corte. Aunque la CIJ declaró expresamente que la operación de dragado británica había violado la soberanía territorial de Albania, admitió de manera notable las minas físicas recogidas como prueba, al considerar la vulneración de la inviolabilidad soberana como un ilícito jurídico distinto que no comprometía automáticamente la veracidad fáctica del material.

La práctica contemporánea conserva esta tradición probatoria pragmática. Los tribunales arbitrales y judiciales aceptan sistemáticamente las comunicaciones interceptadas, la información marítima de fuentes abiertas y la vigilancia satelital de terceros, siempre que las pruebas puedan autenticarse de forma fiable y resulten pertinentes para resolver la controversia jurídica. En tanto se conceda a la parte contraria una oportunidad plena y equitativa de examinar, impugnar y refutar el material presentado, conforme a la garantía procesal de igualdad de armas (audi alteram partem), los foros marítimos internacionales priorizan la transparencia fáctica por encima de los tecnicismos probatorios del derecho interno.

El horizonte forense: sistemas marinos autónomos y minería en aguas profundas

A medida que la comunidad internacional afronta la explotación de los recursos minerales de los fondos marinos profundos de la Zona, conforme a la Parte XI de la CONVEMAR, el derecho probatorio debe adaptarse a una nueva frontera. Los futuros litigios relativos a la extracción de nódulos polimetálicos, las plumas ambientales y la devastación ecológica bentónica se desarrollarán miles de metros bajo la superficie del mar, donde ningún ojo humano puede observar directamente las presuntas infracciones.

Los litigios ante la Sala de Controversias de los Fondos Marinos del TIDM dependerán por completo de la instrumentación sensorial robótica: vehículos submarinos autónomos (AUV), módulos de vigilancia por fibra óptica, sonares acústicos de retrodispersión y muestreo de ADN ambiental (ADNa). Determinar si un contratista ha causado daños graves al medio marino, con arreglo al artículo 145 de la CONVEMAR, dependerá de mediciones biológicas de referencia que son intrínsecamente volátiles e incompletas.

En este escenario de alta incertidumbre, la carga de la prueba tradicional enfrenta una revisión doctrinal sustancial a través del Principio de Precaución. Como señaló la Sala de Controversias de los Fondos Marinos en su histórica Opinión Consultiva de 2011 sobre Responsabilidades y obligaciones de los Estados respecto de las actividades realizadas en la Zona, cuando el conocimiento científico sobre las consecuencias ecológicas en aguas profundas es insuficiente, los Estados y los contratistas no pueden ampararse en la falta de certeza científica absoluta para postergar la adopción de medidas de conservación eficaces en función de los costos. Desde el punto de vista jurídico, el enfoque precautorio traslada sutilmente la carga probatoria: una vez que el solicitante demuestra un riesgo creíble de degradación catastrófica o irreversible del medio marino, la entidad demandada debe presentar datos científicos afirmativos que demuestren que sus tecnologías de minería y sus sistemas de contención de plumas evitarán tales daños.

De igual modo, la proliferación de buques de superficie marítimos autónomos (MASS) desestabilizará conceptos probatorios largamente arraigados sobre la culpa en la navegación. Cuando un buque mercante de carga sin tripulación colisione con un arrastrero pesquero convencional, la responsabilidad no podrá resolverse examinando las reacciones humanas en el puente de mando ni interrogando a capitanes de la marina mercante. Los órganos jurisdiccionales se verán obligados a inspeccionar millones de líneas de código de redes neuronales, conjuntos de datos de entrenamiento de algoritmos, canales de integración algorítmica de sensores y enlaces de mando de control remoto. El núcleo probatorio pasará del testigo humano a la arquitectura del software. Los tribunales se enfrentarán a cuestiones de responsabilidad por productos electrónicos y auditoría de código, evaluando si un modelo de inteligencia artificial mantuvo una vigilancia adecuada, tal como exige la Regla 5 del COLREG.

Conclusión

El derecho probatorio en las controversias marítimas atraviesa una transformación fundamental. Lo que antaño constituía un sistema procesal informal, anclado en la palabra soberana de los Estados ribereños y en los diarios de navegación manuscritos de los capitanes de buque, ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina tecnológica y científica multifacética. En la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y los tribunales arbitrales ad hoc, los órganos jurisdiccionales han estructurado una jurisprudencia capaz de operar desde las fosas oceánicas profundas hasta los alcances de la vigilancia por satélite.

Esta jurisprudencia probatoria mantiene la continuidad jurídica al equilibrar los principios fundamentales con los métodos tecnológicos modernos. Si bien la máxima actori incumbit probatio perdura como pilar del litigio contradictorio, se ve sistemáticamente matizada por cargas probatorias flexibles en materia de delimitación marítima, por el uso creativo de las inferencias adversas derivadas del control territorial exclusivo conforme a la tradición del asunto del Canal de Corfú, y por ajustes dinámicos impulsados por el principio de precaución en la conservación del medio marino. De manera simultánea, la admisibilidad y el análisis de los registradores de datos de viaje, los sistemas de identificación automática, el radar de observación terrestre y los peritajes científicos independientes designados por el tribunal han elevado el rigor empírico de la resolución judicial de controversias oceánicas.

A medida que los Estados soberanos y los agentes comerciales intensifiquen su carrera por explotar los recursos oceánicos, desplegar plataformas navales autónomas y disputarse las infraestructuras submarinas, aumentará la demanda de resoluciones fácticas definitivas. La estabilidad del orden jurídico oceánico no depende únicamente de la solidez sustantiva de sus tratados, sino también del rigor intelectual y la integridad probatoria de las sentencias que resuelven sus controversias.